Durante la última sesión del Consejo de Ministros, el gobierno de Dina Boluarte aprobó dar por finalizado el proyecto Legado y que las cinco sedes que administraba, así como sus recursos, pasen al Instituto Peruano del Deporte (IPD), que desde el 2020 ha tenido seis presidentes. Uno de ellos, según una investigación fiscal, le habría otorgado a Los Waykis en la Sombra- red criminal presuntamente encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria- el control del organismo.
De acuerdo con la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), al menos siete allegados al “hermanísimo” obtuvieron, entre mayo del 2023 y abril del 2024, 19 órdenes de servicio en el IPD, durante la administración de Guido Flores Marchán, por un valor de S/218.500 [ver recuadro].
La primera contratación a favor de un integrante del círculo de Boluarte Zegarra fue la del abogado Edwin Ugarte Nina, quien fue personero legal de Ciudadanos por el Perú (CPP), partido que hace unas semanas obtuvo su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta persona logró brindar una asesoría legal a la Oficina General de Administración del IPD por S/27 mil.
Precisamente, Ugarte Nina- según informó “Cuarto Poder”- fue uno de los primeros “waykis” en convertirse en delator. En una declaración dada al Ministerio Público, el abogado contó con fechas y detalles todos sus encuentros con el “hermanísimo” y señaló que este habría utilizado a los prefectos y subprefectos del país para formar Ciudadanos por el Perú.
“Quiero precisar que Nicanor Boluarte era el único que decidía las riendas del partido”, remarcó en aquella oportunidad.
El nombramiento y la contraprestación
En su declaración ante el Eficcop de junio del 2024, el colaborador eficaz Víctor Torres Merino- principal operador de “Los Waykis en la Sombra” y amigo de infancia de los hermanos Boluarte- narró cómo logró la designación de Flores Marchán como presidente del IPD. Incluso, refirió que desde que Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social lo intentó sin éxito.
“En el IPD, eso ha sido a petición de mi persona, conversé con Nicanor Boluarte para la propuesta del presidente del IPD Flores Marchán. Lo propuse porque lo conozco en la Universidad La Cantuta, hace más o menos 20 o 25 años que trabajamos juntos en programa de capacitación [...] Conversé con la presidenta cuando todavía era ministra, [pero] no se puedo completar”, manifestó.
“Pasó el tiempo y conversé con Nicanor Boluarte, ya Dina Boluarte había asumido la Presidencia [...] Personalmente le alcancé el currículo vitae de Guido Flores y él dijo que hablaría con su hermana para poder llegar a un buen término”, agregó.
Un par de semanas después, el 9 de febrero del 2023 (cuando el país aún estaba en medio de protestas contra el gobierno), Boluarte y el entonces ministro de Educación, Óscar Becerra, firmaron la resolución N°005-2023-MINEDU, a través de la cual se nombró a Flores Marchán como titular del IPD.
Torres Merino subrayó que, tras la designación, él mismo acompañó a Flores Marchán al Instituto Peruano del Deporte, donde le dijo que debía cumplir ciertos condicionamientos para mantenerse en el cargo, entre ellos respaldar al gobierno de Boluarte, apoyo al partido Ciudadanos por el Perú y la contratación de personas “a conveniencia” de Los Waykis en la Sombra.
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Además, indicó que las personas que obtuvieron órdenes de servicio en el IPD apoyaron la campaña de Dina Boluarte a la vicepresidencia de la República en las elecciones generales del 2021.
“Yo conversé con él y le dije: ‘la idea es que apoyes al gobierno y que estamos en un proyecto político que estamos impulsando con Nicanor y que necesitamos que apoyes a la gente que apoyó en la campaña con locación de servicios [...] Le alcancé una lista, esa fue el apoyo y la contraprestación”, expresó.
El Ministerio Público apunta a que las contrataciones de los siete allegados al “hermanísimo” en el IPD se hicieron por órdenes suyas,
Torres también detalló, sobre el proceso de inscripción del partido CPP, que “no se hacía nada si Nicanor Boluarte no lo indicaba, él daba directivas para poder hacer el proceso”.
En comunicación con El Comercio, Luis Vivanco Gotelli, abogado del hermano de la presidenta, dijo que su cliente “no tiene nada que ver con contrataciones ni nombramientos en el IPD”.
“Todo esto nace de la colaboración eficaz de Torres, nada de lo que dice es verdad”, mencionó.
Consultado por si en la institución queda influencia de la presunda red criminal, Federico Tong, presidente del IPD desde junio pasado, aseguró a este Diario: “Ninguna”. “No conozco al señor Nicanor Boluarte, lo conozco por los medios de comunicación”, acotó.
Asimismo, afirmó que el gobierno de Dina Boluarte le ha dado “absoluta autonomía” para formar su equipo “y limpiar la corrupción que pudiere existir o surgir en la institución”. En tanto, negó haber recibido pedidos para dar trabajo a allegados a Nicanor Boluarte.
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A pedido de Tong
Fuentes cercanas a Legado indicaron a El Comercio que la absorción que en la práctica realizará el IPD de las sedes deportivas y de los recursos que manejan se ha dado a iniciativa del presidente del Instituto Peruano del Deporte, Federico Tong.
Tong fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social durante el fugaz mandato de Manuel Merino en noviembre de 2020 y en el castillismo fue director ejecutivo de Legado.
Las mismas fuentes refirieron que el IPD no tiene la capacidad para realizar el mantenimiento de la infraestructura deportiva que se le va a transferir y advirtieron que hay millones de dólares en equipamiento. “Ojalá que no los terminan robando”, agregaron.
También detallaron que Legado había recibido una partida presupuestal de S/140 millones para este año y otra adicional de entre S/1.400 millones y S/1.500 millones para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Añadieron que Tong está siendo “irresponsable” al asumir una tarea para la cual el Instituto Peruano del Deporte no tiene la capacidad técnica. “Basta ver la fachada del Estadio Nacional”, acotaron.
Este Diario intentó comunicarse con el ministro de Educación, Morgan Quero, a cuya cartera está adscrito el IPD, pero desde su oficina de comunicaciones señalaron que el portavoz de este tema es Tong.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, indicó este jueves que el proyecto Legado tenía “un período de inicio y de fin”.
“No podía ser eterno, es una institución que maneja muy buenos fondos, toda institución que maneja fondos correspondientes a las necesidades va a funcionar bien, esperamos que esto continúe así, esperemos que este traslado que se está haciendo al IPD sea con sus mismos recursos, que sean utilizado adecuadamente”, remarcó.
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Los otros cuestionamientos
Durante la gestión de Flores Marchán, el IPD nombró jefe de su Oficina General de Administración (OGA) a Jaime Barnett Palomino, quien es padre de Karim Barnett Kross, abogada que fue asesora principal del congresista Paul Gutiérrez, vocero del Bloque Magisterial que es investigado por el Caso ‘Los Niños’.
La OGA del IPD tiene entre sus funciones formular el plan de adquisiciones y contrataciones de la institución, así como gestionar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios.
Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, Barnett registró investigaciones fiscales en sedes de Lima y Apurímac por distintos delitos. Por ejemplo, en la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte fue objeto de pesquisa por la presunta comisión de lavado de activos (conversión y transferencia), peculado (apropiación de caudales destinados a asistencia social), concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado) y otros supuestos actos ilícitos.
Por medio de una carta, Barnett Kross sostuvo que las investigaciones fiscales en su contra ya han sido archivadas.
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En el gobierno de Pedro Castillo, el IPD tampoco estuvo excepto de la polémica. Por ejemplo, en enero de 2022, el profesor designó a Julio ‘El Coyote” Rivera como máxima autoridad del instituto. El nombramiento del exfutbolista y hermano de Paolo Guerrero, ex capitán de la selección peruana de fútbol, solo duró 53 días.
El 17 de febrero de ese año, la contraloría, a través de un informe, advirtió que Rivera había consignado nueve años de experiencia laboral como fundador y director deportivo de su Escuela de Fútbol “Coyote” Rivera, cuando la inscripción en la Sunat de la referida empresa es del 18 de marzo de 2019. Esto invalidó su experiencia en el rubro que, según él, era desde el 13 de diciembre de 2013.
Desde abril de 2024, Rivera figura como afiliado a Alianza para el Progreso. Antes postuló sin éxito al Congreso en el 2021 por Unión por el Perú. Solamente, obtuvo 3,338 votos preferenciales.
Recientemente, el programa “Panorama” reveló un conjunto de audios de altos funcionarios del IPD, a través de los cuales se reveló presuntas irregularidades en el alquiler del Estadio Nacional para la realización de conciertos.
En declaraciones al referido dominical, Gilda Ortiz, jefa de la Unidad de Comercialización del IPD, refirió que altos funcionarios de la entidad recibieron entradas de cortesía a una serie de los shows artísticos por fuera del contrato que se realiza cuando se arrienda el coloso de José Díaz.
Por ejemplo, mencionó que a Carla Binasco, asesora de la OGA del IPD, le entregaron 100 entradas para el concierto de Luis Miguel por un valor de S/750 por ticket.
Ortiz ha referido que está dispuesta a declarar ante la fiscalía anticorrupción, que ya ha investiga los hechos.
Por medio de un comunicado, el IPD indicó que los hechos de la denuncia no corresponden a la administración de Tong, que comenzó el 22 de junio de 2024.
🚨 Comunicado oficial del IPD pic.twitter.com/LoeZuXQcpZ
— ipdperu (@ipdperu) February 10, 2025
Además, rechazó que existan “negociaciones fuera de la directiva” y “de las normas” de la institución para el alquiler del Estadio Nacional. “La actual gestión inició su trabajo identificando y erradicando malas prácticas administrativas”, acotó.
Más información
La comisión especial del Congreso de seguimiento a la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 citó al jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, y al ministro de Educación, Morgan Quero, por la extinción del proyecto especial Legado. La convocatoria es para el lunes 17 de febrero a las 11 a.m.
De acuerdo con la invitación, ambos ministros deberán brindar los fundamentos técnicos, legales y presupuestales, además de la relación costo-beneficio de la decisión de eliminar Legado.
